Congreso debe acatar resolución judicial: Javier Navarro

Congreso debe acatar resolución judicial: Javier Navarro

En la designación del Gobernador interino el Congreso del Estado tiene que respetar las resoluciones, tanto provisional como definitiva, de la justicia federal y nombrar a una persona afín a Movimiento Ciudadano, aseguró el secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco.

En el Nuevo León Informa, Navarro Velasco insistió que si el Congreso del Estado se empeña en designar a una persona que no sea afín a Movimiento Ciudadano, estaría violando las resoluciones judiciales.

“Nosotros consideraríamos que sería improcedente que lo hicieran, ilegal, porque estarían violando las suspensiones provisionales, las dos suspensiones provisionales y estarían violando también la ley del Tribunal Electoral, la resolución del Tribunal Electoral”, dijo.

“Entonces pues nosotros no podríamos reconocer a alguien espurio porque mientras estén las suspensiones vivas y mientras la resolución del tribunal no se cumpla, pues nosotros tendríamos que iniciar las acciones legales en contra de quien viole las suspensiones o bien en contra de quién no lleve a cabo la ejecución de la sentencia en los términos que está dictada.

“Nosotros definitivamente no podríamos atender ninguna instrucción, ni dar ningún tipo de facilidad a esa persona que el Congreso pueda designar contrario a la suspensiones y contrario a la resolución del Tribunal Electoral”, acotó.

Por el contrario, dijo Navarro que si el Congreso encuentra una candidata o un candidato de Movimiento Ciudadano y se ponen de acuerdo los 42 diputados y diputadas, será esa persona la que ocupe el cargo de Gobernador interino.

“Pero mientras esto suceda conforme a las suspensiones, yo estoy a cargo de la Administración del Estado como Encargado del Despacho de la Oficina del Gobernador”, refirió.

“Entonces este este cargo que estoy ocupando sería en un momento dado hasta que el Congreso haga esa designación, pero bajo esos lineamientos de consenso y del respeto a los derechos democráticos de los ciudadanos de Nuevo León”.