Se queda Nuevo León a la mitad, en legislaciones de paridad de género

Se queda Nuevo León a la mitad, en legislaciones de paridad de género

Mario Alberto Palacios

En lo que es considerado por un sinnúmero de organizaciones sociales, sobre todo feministas, un retroceso o un frenón en seco a los derechos de las mujeres, el Congreso de Nuevo León o, más bien, algunos grupos legislativos impidieron el que se legislara a favor de este sector de la población para integrar en definitiva la llamada Paridad Total.

El Poder Legislativo tuvo, y dejó ir, la oportunidad de que para las elecciones del 2021 se modificará la Ley Estatal Electoral que permitiera la integración de las mujeres en todas las planillas para la renovación de ayuntamientos y las diputaciones locales. También desperdició que se obligará por mandato constitucional, el que en la mitad de los cargos de primero y segundo nivel administrativo se designe a mujeres.

Después de congelar por más de un año la reforma constitucional conocida como Paridad en Todo, además de la reforma electoral de violencia política contra la mujer en razón de género, el 9 de julio venció el plazo para que éstas fueran aplicadas en la elección del próximo año.

Con ello se obstaculiza la posibilidad de tener paridad total en Alcaldías, gabinetes, Poder Judicial y cargos públicos, es decir que la mitad de estas posiciones de poder sean ocupadas por mujeres.

También se desechó  la posibilidad de prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres que ejerzan su derecho a gobernar durante los próximos comicios.

Las reformas que más de 30 organizaciones ciudadanas y partidos políticos, archivadas o congeladas durante más de un año, fueron sepultadas en definitiva.

Durante siglos, las mujeres han sido excluidas de espacios de toma de decisiones y su presencia en las esferas de poder público es radicalmente menor.

Pese a que la actual Legislatura es el primer Congreso local paritario en la historia de Nuevo León, los intereses individuales de las mayorías se impusieron sobre el empoderamiento de las mujeres.

En un intento fallido por convencer a los diputados, la llamada Red Paridad Nuevo León, tras realizar un análisis al dictamen previo en relación a las reformas de la Constitución del Estado de Nuevo León, mostraron su desacuerdo por la forma en que quedó la redacción del documento en cuestión, por considerar que, de aprobarse en estos términos, se restringirán los derechos de las mujeres ya consolidados en la Constitución Federal desde el mes de junio de 2019.

Sus propuestas no fueron escuchadas.

Otras agrupaciones feministas acusaron que la paridad a medias se implantará en el Poder Judicial del Estado por los próximos 20 años, al rechazarse nombrar a mujeres para las cuatro magistraturas que se hallan vacantes desde en el 2018.

La actual composición del Tribunal Superior de Justicia está conformado por 12 hombres magistrados y sólo tres mujeres magistradas del TSJ. Actualmente faltan cuatro magistraturas pendientes de designar,  para  las cuales se enviaron cuatro ternas masculinas.

El último nombramiento de mujer para ocupar una magistratura fue el de Graciela Buchanan el 15 de septiembre del 2004, hace más de 15 años.

Cuatro magistrados terminaron su periodo el 28 de julio de 2019 y fueron enviadas al Congreso del Estado para su aprobación cuatro ternas masculinas, excluyéndose la participación de mujeres.

De acuerdo a las disposiciones generales de lo que era el plan para lograr la integración de las mujeres en igualdad de número que los hombres en el TSJ y en el Consejo de la Judicatura deberá ser gradual y progresiva.

Sin embargo, en los artículos transitorios 2do y 5to del dictamen se estableció que las convocatorias y/o procedimientos de nombramiento o designación de servidores públicos que hubieren iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio, con independencia de la etapa o instancia en que se encuentren.

Al adoptarse el término de aplicación  “gradual”, se deja en completa ambigüedad  e incertidumbre el cómo y el cuándo se adoptará el principio de paridad en los nombramientos del TSJ.

A su vez, el transitorio segundo plantea no aplicar la reforma constitucional de paridad  en los concursos y convocatorias pendientes, en otras palabras NO se incluirán ternas femeninas en los nombramientos  de las cuatro 4 magistraturas pendientes, lo que implicará truncar por 10 o 20 años más la carrera judicial de las mujeres que quieran acceder a nombramientos como magistradas.

Tampoco hubo respuesta favorable de los legisladores aun y cuando de 42, 21 son mujeres.